El Gobierno anunció una inversión de USD 300 millones para sumar 43 trenes cero kilómetro al AMBA. La medida busca mejorar frecuencias, reducir tiempos de viaje y bajar el consumo de combustible de las líneas metropolitanas. La compra incluye 150 coches, insumos y mantenimiento por tres años.

Las nuevas formaciones —Unidades Múltiples Diésel— se destinarán a las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur, y se suman a las tres locomotoras diésel-eléctricas adquiridas recientemente para la línea San Martín.

Pero este anuncio vuelve a abrir una comparación inevitable: la última renovación grande de trenes en el AMBA había sido durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando entre 2008 y 2014 se incorporaron 974 coches nuevos, con una inversión que superó los USD 1.100 millones (y más de USD 1.400 millones si se cuentan los de mediana distancia).
Fue la mayor compra de material rodante desde la era Alfonsín.

La gestión de CFK había renovado por completo el Sarmiento, San Martín y Mitre, además de avanzar sobre el Roca y el Belgrano Sur, en un proceso que incluyó compras a fabricantes chinos y obras financiadas parcialmente por el BID.

Ahora, con el nuevo «esfuerzo económico», el Gobierno busca retomar un camino que estuvo detenido casi diez años, mientras avanza en paralelo con la intención de privatizar Belgrano Cargas y Logística, cuyos pliegos se presentarían antes de fin de año.

Según Transporte, la nueva inversión apunta a “recuperar seguridad, confiabilidad y eficiencia” en un sistema que mueve 1,3 millones de personas por día.

Emergencia Ferroviaria

La emergencia ferroviaria fue declarada por el Gobierno a través del decreto 525/2024 para enfrentar el deterioro crítico del sistema: falta de mantenimiento, servicios recortados y un déficit que venía creciendo hace años. La medida le da al Estado margen para mover recursos, revisar contratos y encarar obras urgentes.

Afecta a los trenes de pasajeros y de carga de todo el país, y habilita intervenciones directas sobre operación, administración e infraestructura. La emergencia durará 24 meses —con posibilidad de prórroga— y queda bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, que es la responsable del plan de acción.

En este marco se redujeron frecuencias y se cerraron algunas estaciones, pero también se activaron trabajos y modernizaciones que estaban frenadas.