Una presentación judicial registrada bajo el expediente CFP 58/2026 generó impacto este jueves en ámbitos judiciales y políticos al formular una denuncia contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas.
Según el escrito, los hechos denunciados habrían ocurrido durante la madrugada del 3 de enero de 2026 e incluyen presuntas privaciones ilegítimas de la libertad, secuestros y crímenes contra civiles y soldados venezolanos, en el marco de una supuesta violación de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela. Los hechos fueron denunciados por decenas de países, y cuestionado por la ONU.
La denuncia fue presentada ante un Juzgado Federal de la Nación Argentina por el investigador Aldo Sergio Parodi, quien solicitó de manera urgente la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Parodi además, ha denunciado a dirigentes del fútbol en el escándalo de corrupción en la AFA.
La denuncia sostiene que la acción de Trump recuerda épocas superadas en las que «los emperadores decidían sobre la vida de sus súbditos», y subraya que la operación militar estadounidense representa un atentado contra el Estado de Derecho y la soberanía de Venezuela. Además, la denuncia resalta que EE. UU., al no aceptar la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, queda en evidencia como un Estado que actúa fuera del marco legal internacional.
El escrito remarca que el crimen de agresión es una de las violaciones más graves del derecho internacional, ya que afecta la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de los Estados, y puede manifestarse mediante invasiones, bombardeos o acciones militares unilaterales.
Este tipo de delitos se encuentra contemplado en el Estatuto de Roma, tratado internacional que habilita la actuación de la Corte Penal Internacional y del cual Argentina es Estado parte, conforme a la Ley 26.200.
La presentación sostiene además que el país no debería permanecer indiferente ni, según el texto, convertirse en un eventual encubridor de hechos que atenten contra la paz mundial. En ese marco, se solicita que la CPI evalúe el dictado de una orden de captura y detención internacional contra Trump, considerando la gravedad institucional y el alcance global de los hechos denunciados.
«POR UN ESTADO DE DERECHO FUERTE Y VALIENTE CONTRA LA CULTURA MAFIOSA Y CRIMINAL DE LA GUERRA POR PETROLEO», reza la denuncia.
Mientras la denuncia inicia su recorrido judicial, el caso vuelve a poner en discusión el rol efectivo de la Corte Penal Internacional frente a las grandes potencias y los límites reales del derecho internacional como herramienta para prevenir conflictos armados y sancionar violaciones graves contra la paz y la dignidad humana.
Donald Trump enfrenta varios casos penales históricos: fue condenado en mayo de 2023 por 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago para silenciar a Stormy Daniels en 2016, convirtiéndose en el primer expresidente de EE. UU. condenado por un delito grave; su caso por documentos clasificados fue desestimado en julio de 2024 por un fallo que declaró inválido el nombramiento del fiscal especial; enfrenta un juicio pendiente por interferencia en las elecciones de 2020, acusado de conspirar para revertir los resultados y presionar a funcionarios para manipular el conteo de votos; y un cuarto caso en el condado de Fulton, Georgia, por supuestos intentos de subvertir los resultados electorales de 2020, que está pausado indefinidamente.
En conjunto, estos casos involucran cargos de falsificación, obstrucción de la justicia, conspiración y violación de leyes federales y estatales, con evidencia que incluye pagos, llamadas telefónicas y documentos, reflejando un historial sin precedentes de acusaciones legales contra un expresidente en EE. UU.
